Desde el 3 de octubre de 1968 hasta el 29 de agosto de 1975, las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles, técnicos, intelectuales, artistas y líderes populares, iniciaron una nueva estructura económica, social y cultural del Perú. Esa obra nacional, colectiva, quedó frustrada.
Por su naturaleza institucional, el proceso de cambios tuvo contradicciones. Fue incomprendido, encontró sus propios límites y acabó siendo víctima de una conspiración tejida por los enemigos de siempre. Pero dejó huella.
Crearon una base energética y minera a partir de Petroperú, Centromin Perú y Mineroperú Comercial, MINPECO.
La pesca harinera de Pescaperú fue complementada por otra destinada al consumo interno.
Se mantuvo y desarrolló la industria ligera y manufacturera de línea blanca, automóviles y textiles.
El Acuerdo de Cartagena y el Pacto Andino empezaron a crear un mercado común para la industria del Perú y los países miembros.
La cogestión en las empresas privadas y la autogestión en las empresas de trabajadores como sector prioritario de la economía, democratizaron la producción.
La reforma agraria adjudicó más de seis millones de hectáreas a grandes empresas agroindustriales, sociedades agrícolas de interés social y empresas comunales manejadas por los campesinos, que contaban con el Banco Agrario y la asistencia técnica del Estado.
Los Super Epsa mantuvieron precios básicos en beneficio de una economía urbana estable.
El Sistema de Planificación Nacional proyectó un desarrollo autónomo y equilibrado.
El Instituto Nacional de Administración Pública INAP empezó a formar cuadros técnicos para la nueva carrera pública.
Las divisas fueron administradas por un Banco Central nacionalizado en beneficio del país.
La Corporación de Desarrollo COFIDE, los bancos nacionalizados, la banca de fomento, las mutuales, el Banco Hipotecario, las cooperativas de crédito y la banca privada regulada, formaron una poderosa red financiera para el desarrollo.
Fueron reconocidos los pueblos amazónicos, se empezó a demarcar sus territorios, respetando su cultura.
Miles de sindicatos fueron organizados. La Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP, fue reconocida.
Surgieron la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador y comités de desarrollo con millones de pobladores.
Consejos educativos comunales con participación de la sociedad fueron creados dentro de la Reforma Educativa. Fueron organizadas las Escuelas Superiores de Educación Profesional, ESEP, para la formación de técnicos medios.
Se abrió paso una política exterior independiente y digna.
El SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, organizó al pueblo: comunidades campesinas, cooperativas agrarias, sociedades agrarias de interés social, ligas agrarias, Confederación Nacional Agraria, comunidades industriales, Confederación Nacional de Comunidades Industriales, CONACI. El objetivo era transferir el poder político asumido por las Fuerzas Armadas a los trabajadores organizados.
La socialización de los diarios de circulación nacional empezó a transferir poder mediático y educativo a las organizaciones populares.
En 1975 fueron promulgadas las Bases Ideológicas de la Revolución Peruana estableciendo que la economía del nuevo Perú estaría compuesta por los sectores estatal, cooperativo, privado y de propiedad social, siendo este último el prioritario.
El Perú se encaminó hacia un socialismo sin calco ni copia, surgido de su propia realidad económica y social.
Sin embargo, se permitió que algunos latifundistas desmantelen los fundos antes de su adjudicación; a través de los controles de precios se subordinó la economía campesina a la economía urbana; al iniciar la explotación de petróleo en la selva no hubo idea del daño ecológico resultante; hubo una temprana burocratización del proceso al carecerse de cuadros revolucionarios; reflejos represivos de algunos jefes militares causaron acontecimientos repudiables por falta de manejo de los conflictos sociales.
Luego de una conspiración y un golpe de estado, a partir de agosto de 1975 hasta 1979, Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada, Luis Cisneros Vizquerra y su grupo de militares conservadores, en coordinación con los Estados Unidos y las dictaduras de Pinochet, Videla y Bánzer, paralizaron el proceso, desactivaron la transferencia del poder al pueblo y reorientaron su entrega hacia los partidos de la oligarquía.
En la Constituyente de 1979, el Apra y el PPC llenaron la nueva Carta con un discurso hipócrita que dejó puertas legales abiertas para la restauración oligárquica.
Elegido en 1980, Fernando Belaunde entregó el Ministerio de Economía a Manuel Ulloa, que bloqueó créditos a las empresas cooperativas y estatales y auspició la parcelación de las tierras.
Entre 1985 y 1990, Alan García entregó a sus cómplices, conocidos como los doce apóstoles, agua, electricidad, comunicaciones y servicios prácticamente gratuitos, lo que generó la quiebra del aparato empresarial creado por la revolución de 1968. Gerentes y ejecutivos corruptos, puestos por Morales, Belaunde y García, dilapidaron las empresas públicas, quebraron la seguridad social y presentaron la bancarrota como una supuesta incapacidad del Estado para administrar empresas.
No era el Estado el incapaz. Eran los ladrones que asaltaron el Estado.
Abimael Guzmán y Alberto Fujimori, hermanos gemelos en frialdad y crueldad, acabaron la destrucción mediante el terrorismo subversivo y de estado.
Colonizadas las Fuerzas Armadas por los poderes fácticos, se las dejó imposibilitadas por ahora para ser un agente de cambio.
Los peruanos ya no somos dueños de nada, salvo de nuestra rabia o depresión.
Nuestro país es tributario de los poderes internacionales a los que entrega sus materias primas y permite exportar las utilidades de las empresas saqueadoras o monopólicas. El ahorro forzoso de los pocos peruanos que disfrutan de un empleo estable ha sido confiscado por los dueños del Perú a través de las AFP.
A todo esto se le llama neoliberalismo.
Son las viejas mañas de una oligarquía resurrecta que ni olvidó ni aprendió.
Una pobreza alucinante cubre los cerros, los arenales, las minas “informales”, las provincias abandonadas.
Hay dinero sucio abundante, que procede de todos los tráficos.
El Estado y sus instituciones han sido secuestrados por las mafias.
Pero la sombra de Velasco y sus compañeros persigue a los mafiosos de hoy.
El pueblo es seducido, engañado o manipulado por sus amos. Ha sido liberado del latifundio pero es prisionero del capitalismo; y está sometido a las bandas criminales que han capturado el gobierno y los partidos políticos.
Una dictadura implacable que persigue, apresa, hiere o mata si es necesario, se ejerce sobre cualquier protesta.
Los disidentes son silenciados, ridiculizados, estigmatizados o linchados mediáticamente por los sicarios y sicarias de la pantalla y el papel periódico. Los cómplices son premiados con el parlamento y la burocracia.
Los nietos o bisnietos de los siervos liberados son ahora millones de microempresarios que tienen el individualismo y el éxito como valores y la solidaridad familiar como práctica cotidiana. Pero están condenados a la pobreza.
El malestar se expresa en la protesta y la elección de gobiernos alternativos en las regiones; pero esos gobiernos tienen gestiones mediocres.
Se detesta al Parlamento, al Poder Judicial, a la burocracia, a todo el sistema.
Los sectores marginales son habitados por el fujimorismo y las iglesias pentecostales que amenazan con el demonio y predican contra las mujeres y los gays.
¿Se puede pensar en una guerra de posiciones, una sola estrategia que una a los pueblos que protestan, los intelectuales contestatarios, los jóvenes que no quieren ser sometidos a la esclavitud y las izquierdas electorales?
Actuar contra el sistema, en el poder y desde fuera del poder. Actuar contra el sistema, en el sistema y fuera del sistema.
La parte honesta del Perú lucha contra el virus de la corrupción y trata de superar la inmuno deficiencia adquirida en cuarenta años de ignominia.
La historia, como un viejo topo, sigue haciendo su trabajo. A pesar nuestro. Hay que ayudar al topo.